INTERSINDICAL
CANARIA denuncia que el PLAN JAT DE
REFUERZO DE LA Jurisdicción Social en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife está
funcionando desde el pasado 2 de junio sin personal de apoyo, realizando el
trabajo los funcionarios de los juzgados
de lo Social que van a ser objeto de refuerzo, y por lo tanto aumentando considerablemente la
carga de trabajo.
El plan JAT es una medida de
refuerzo de la jurisdicción social de la provincia de Santa Cruz de Tenerife es
para los juzgados nº 1,2,3,4 ,6 y 7 de lo
Social, que estará integrada por tres Jueces, que durante el primer año
de su implantación estarán asignados
cada juez a dos Juzgados de Lo Social, y
cada juez tendrá encomendados 1000
asuntos anuales.
Para INTERSINDICAL
CANARIA está medida de refuerzo va a
colapsar los juzgados de Lo Social,
especialmente en los Juzgados n º 1, 2 y 3 que van a ver aumentado el número de asuntos entre un 60% y 70 %, teniendo
en cuenta que los Juzgados de esta jurisdicción en la provincia de Santa Cruz
de Tenerife actualmente están soportando una carga que supera con creces
en más del 50% los módulos de entrada razonables aprobados por el
Consejo General de Poder Judicial en
2013 para los juzgados de los Social.
Debemos tener en cuenta que desde el 15 de mayo del año 2009, fecha en que entró
en funcionamiento el Juzgado de lo Social nº 7, no se ha creado ningún nuevo órgano de la jurisdicción social en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Pese a que en una reciente Mesa de
Negociación, la Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia acordó con los representantes sindicales del Sector de Justicia la
dotación de los refuerzos necesarios para acometer este Plan en su integridad,
la dotación económica de los mismos no ha sido aprobada al día de la fecha por
la Consejería de Hacienda, circunstancia ésta que está contribuyendo a que el
caos y las pendencias se adueñen de la ya deficitaria situación de esta
jurisdicción a nivel provincial.
Desde INTERSINDICAL
CANARIA denunciamos este nuevo tira y
afloja dentro de la coalición del Gobierno regional (PSOE-CC), que en lo único que redunda es que tanto la
ciudadanía como el funcionariado de la Administración de Justicia sean los
grandes perjudicados.
En Santa Cruz
de Tenerife, a 4 de julio de 2014.