Desde Intersindical CANARIA pedimos al Ministro de Justicia que deje de
mentir a la ciudadanía sobre la PRIVATIZACIÓN
del Registro Civil, en primer lugar porque
los Registradores de la Propiedad y Mercantiles no son funcionarios
públicos, así lo establecen sentencias
de la Unión Europea, sus retribuciones no son establecidas en los
Presupuestos Generales del Estado y esta misma Ley determina que su
régimen de seguridad social sea el de autónomos, su personal es contratado por
los propios registradores e incluso forman parte de la CEOE.
En segundo lugar en cuanto a las quejas que generan
los registros civiles, siendo responsable de los mismos el Ministerio de
Justicia, del cual depende su funcionamiento, el Sr. Catalá como primer
responsable del mismo, lo tiene muy
fácil: DIMITA!,y con posterioridad a
esta dimisión, podremos empezar a discutir o negociar las soluciones para que
el Registro Civil (PUBLICO) tenga
las mejores garantías para convertirse en un servicio público de calidad
y útil al ciudadano, y no un mero negocio para un lobby que ha visto mermado
sus ingresos debido al derrumbe del negocio inmobiliario y que pretende
aumentar y garantizarse sus retribuciones a costa de todos los ciudadanos.
En tercer lugar nos gustaría que el Sr. Catalá
informara con que organizaciones sindicales han pactado la reforma del Registro
Civil, al afirmar: "Nuestra propuesta está pactada con sindicatos
para el mantenimiento empleo, con las comunidades autónomas, y para garantizar
que entre todos el servicio va a funcionar con calidad". y sino es
así, que se retracte de estas afirmaciones.
Por último, y para colmo, no sabemos si por ignorancia
del estado de los Juzgados o peor aún, de intentar engañar nuevamente a la ciudadanía
se permite afirmar que "solo un 10% de los Juzgados están
colapsados", no sabemos los datos en los que se ha basado el Sr.
Ministro para realizar esta declaración, pero solo tendría que darse una vuelta
por cualquier partido judicial para ver que esa afirmación es falsa de
solemnidad.
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