Era una vez un país tan interesante que todo su interés había sido reducido a cifras. Hasta los recién nacidos eran inscritos por los registradores mercantiles. Sus nombres y apellidos valían dinero. Los gobernantes o sátrapas (en acepción de la antigua Grecia) legislaban y actuaban para que todo, desde las ruinas romanas conservadas con el dinero público hasta el Registro Civil de sus habitantes, sirviera para enriquecer a unas élites extractivas, siempre las mismas. Así podría comenzar el relato de la privatización de los datos registrales de los españoles por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy, un registrador de la propiedad al fin y al cabo, si la oposición no consigue paralizar esa “reforma estructural” que el PP coló hace un año entre las “medidas de impulso económico”. Leer más
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