El Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento,la
competitividad y la eficiencia, publicado el pasado sábado, culmina la privatización
del Registro Civil y su cesión a los Registradores Mercantiles, entregándoles
su llevanza y gestión.
Las reformas se encuentran recogidas
en las disposiciones decimonovena a vigésimo cuarta, en las cuales se prorroga
la entrada en vigor de la Ley 20/2011 de 21 de julio, al día 15 de julio de
2015, creando las oficinas de los Registros Civiles y Mercantiles.
Dinero
a la basura
Este Real Decreto dice garantizar la
gratuidad del Registro Civil, pero a su vez crea una corporación que contratará
la creación, mantenimiento, gestión y seguridad del sistema informático
integral de la nueva aplicación para el Registro Civil. Todo esto después de
haber realizado una inversión de más de 130 millones de euros durante los
últimos años.
Datos personales en manos
privadas
La privatización del Registro Civil también supone entregar todos los datos
personales de la totalidad de la población a manos de los trabajadores de estos
Registros que, no olvidemos, no son funcionarios y no estaran sujetos a control
estatal. Estos empleados no tienen el mismo estatuto juridico que los
Funcionarios de Justicia ni regimen disciplinario específico y los
registradores pueden contratarlos y despedirlos libremente.
Amortización de más de 3000 puestos de trabajo
No solo supondrá tener que pagar por
el nacimiento, defunción o cualquier otro trámite de los ciudadanos en los
Registros Civiles, sino que provocara la amortización de más de 3.000 puestos
de trabajo de personal funcionario, lo que puede suponer el despido de personal
interino, la congelación de la oferta de empleo público y de las convocatorias
de concursos de traslados, tras un proceso de reordenación forzosa del
personal.
