El Gobierno de Canarias en el
Proyecto de Presupuestos Generales para el año 2015, sustrae de los fondos de
“acción social”, destinado a los trabajadores, el presupuesto para la renovación
de las pólizas de seguro para sus altos cargos, con el objeto de cubrir
eventuales indemnizaciones por invalidez
o fallecimiento por valor de 75.000€ a 150.000€. En origen, dicha partida
estaba destinada a ayudas médico-farmacéuticas, ayudas para formación y seguros de accidente y fallecimiento de
los empleados públicos como parte de su masa salarial, como sucede también en
grandes empresas del sector privado, pero tras los sucesivos recortes de
derechos y retribuciones de los trabajadores públicos, quedó relegada únicamente
a este último concepto.
Actualmente, mientras el Gobierno
de Canarias mantiene contratada una póliza con VidaCaixa que asegura a los
trabajadores por un importe de 6.000€ por invalidez permanente y 12.000€ por
fallecimiento, los miembros del ejecutivo canario se garantizan una cobertura de
75.000€ y 150.000€, respectivamente, que plantean renovar en 2015 a cuenta de
la masa salarial de la plantilla.
Intersindical Canaria
ha exigido el acceso a la póliza de los altos cargos, con el fin de analizar las condiciones particulares del
contrato y poder encontrar los argumentos objetivos y técnicos que permiten a un Gobierno valorar
doce veces más la vida de un alto cargo
político, que la de un trabajador público o de una persona cualquiera.
No obstante, los dirigentes socialistas
de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, se niegan rotundamente a aportar la documentación
precisa y a publicarla en la web de transparencia del Gobierno, donde sí se
encuentra la póliza de los trabajadores.
Que el fallecimiento de un
responsable político tenga una cobertura mayor que la de un trabajador, que
incluso paradójicamente puede suceder bajo las mismas circunstancias (por ejemplo
un accidente en un coche oficial) y que se oculten los términos de un contrato
con dinero público; es un hecho que transciende más allá de la disputa sindical
en el contexto de un colectivo de trabajadores afectado por un proceso de
severos ajustes, que ha reducido seriamente su masa salarial y degradado sus
condiciones y entornos de trabajo. Constituye una muestra más del absoluto
desprecio de los dirigentes políticos canarios hacia una sociedad, asfixiada
económicamente, a la que tendrían que servir desde la igualdad, para administrar
sus recursos con profesionalidad, honestidad y transparencia.
Intersindical Canaria
entiende que los altos cargos del ejecutivo deberían devolver individual y
proporcionalmente a la hacienda canaria las cantidades contratadas este año por
encima de la cobertura estándar a un empleado público, y extraer para el
presupuesto del 2015 dicha cobertura de la masa salarial del colectivo de
trabajadores.
