PREGUNTA DE
LA DIPUTADA DOÑA ROSA AGUILAR RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE
FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿QUÉ INTENCIONES TIENE EL GOBIERNO
RESPECTO A LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL? (Número de expediente
180/001207).
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo):
Señora Aguilar, me pregunta usted sobre qué
intenciones tiene el Gobierno respecto a la privatización del Registro Civil.
Ninguna, absolutamente ninguna. Como tuve ocasión de manifestar en esta tribuna
en diciembre cuando el debate de
totalidad del proyecto de ley de reforma del Registro Civil, lo que pretende el
Gobierno es modernizar un servicio público, garantizar su naturaleza de
servicio público y hacerlo un servicio propio del siglo XXI superando todos los
problemas que ciertamente tiene hoy el Registro Civil.
La señora
AGUILAR RIVERO: Señor ministro, han
engañado a los ciudadanos. Prometieron que lo recaudado por tasas judiciales
iban a destinarlo a justicia gratuita. Más de 500 millones de euros han
recaudado y ahora dice usted que no sabe el destino que a ese dinero le han
dado. Vendrá el señor Rajoy en el debate sobre el estado de la Nación a
anunciarnos algo sobre las tasas judiciales y el tasazo solo cabe derogarlo.
Además, señor ministro, han ocultado que hay más de 150.000 expedientes de
nacionalidad paralizados en el Colegio de Registradores porque ustedes no han
renovado la encomienda que cumplió en diciembre de 2013, los ciudadanos están
esperándolos y esto es un auténtico escándalo. Ahora, con una sospechosa prisa
quieren privatizar el Registro Civil y para ello, señor ministro, ha dictado
una orden ministerial ilegal que se fundamenta en una falsedad. Ha puesto fecha
de culminación de la privatización, el 15 de julio, la privatización de un
servicio público esencial para la ciudadanía, que afecta a las personas, a
nuestra privacidad, a nuestra intimidad y eso es una auténtica
irresponsabilidad.
Explique qué interés tienen en privatizar. ¿Qué
se esconde detrás de esta operación, señor ministro? Porque todos están en contra,
los operadores jurídicos, los sindicatos, las asociaciones de consumidores, los
grupos parlamentarios de la oposición y los registradores, especialmente, dicen
que no quieren llevar el Registro Civil, que es irracional, que no lo han
pedido y que no están de acuerdo. Se van a perder empleos, van en dirección
contraria a Europa y ningunean a las comunidades autónomas. Por si fuera poco,
su privatización la acabarán pagando los ciudadanos de su bolsillo, a los que
una vez más con sus políticas van a perjudicar.
Señor ministro, esta operación huele muy mal,
huele a negocio para unos pocos. La falta de transparencia y la opacidad son
sus señas de identidad.
El señor
MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo):.
Señoría, fue esta Cámara la que aprobó la Ley
20/2011 por unanimidad para desjudicializar el Registro Civil. ¿Qué significa
desjudicializar el Registro Civil? ¿Que lo sigan llevando los funcionarios de
la Administración de Justicia o buscar una alternativa eficaz, de calidad, de
garantías, que garantice el servicio público? Ustedes están falseando el debate
cuando hablan de privatizar porque nosotros estamos planteando encomendar a
unos funcionarios públicos la llevanza del Registro Civil. ¿Qué son los
registradores de la propiedad? Puede usted leer la Ley Hipotecaria, las
sentencias del Tribunal Constitucional. No son más que funcionarios públicos
retribuidos por otro sistema distinto, que es el del arancel, pero no por eso
dejan de ser funcionarios públicos. Por lo tanto, que el registro lo lleven los
registradores civiles y mercantiles y de la propiedad no es otra cosa más que
llevar a través de funcionarios un servicio garantizado con calidad.
El 50 % de las quejas que se presentan hoy ante
el Defensor del Pueblo por el mal funcionamiento de la justicia tienen que ver
con el Registro Civil. ¿A ustedes les parece que es un ámbito jurisdiccional?,
¿es propio de los jueces hacer anotaciones de nacimientos, de defunción o de
capitulaciones matrimoniales?, ¿tiene eso algún sentido? Estamos buscando un
sistema eficaz, un sistema que garantiza el empleo, que está pactado con las
comunidades autónomas y con los sindicatos y que va a garantizar el empleo. Y como
tenemos aquí en esta Cámara el proyecto de ley (ayer se acordó la ampliación
del plazo de enmiendas durante una semana), estaremos encantados de conocer sus
enmiendas. A fecha de hoy, no han presentado ni una sola enmienda para mejorar
el proyecto de ley. ¿Cuál es su propuesta?, ¿qué lo lleven los secretarios
judiciales?, ¿qué lo lleven los jueces?, ¿quién lo tiene que llevar? No
conocemos su propuesta todavía. La nuestra está acordada con el Colegio de
Registradores, que depende del Ministerio de Justicia; está pactada con los sindicatos para el mantenimiento del empleo y está
pactada con las comunidades autónomas para garantizar que en todo el
territorio funcione un registro civil de calidad y propio del siglo XXI, que no es el que tenemos en la
actualidad. En eso sí que estoy de acuerdo con usted.
